Estimados y estimadas, personas migrantes en Costa Rica, personas interesadas en temas de migración, refugio y derechos humanos, le recomiendo leer este texto escrito por señora Gabriela Richard Rodriguez, exjueza del Tribunal Administrativo Migratorio (2017 – 2023). Este texto incluye información valisa, experiencia de primer mano y analisis importante del tema. Estoy seguro qu enos hará falta personas como ella en este Tribunal.
Como experto de derechos migratorios tanto como derechos humanos, puedo confesar que durante mandato de la señora Richard he visto montón sentencia del Tribunal con voto salvado de la señora Richard apoyando y fortaleciendo la posición de derechos humanos; aun en la situación del país que los tribunales están cada día más lejos de una vista científica y fiel derecho humanista.
Siempre por Migrants Rights Legal Services, es un inmenso grato expresar agradecimiento a las personas como señora Richard que, como función de una jueza, dejan a la propiedad los derechos fundamentales de las personas migrantes.
El texto también se puede encontrar en el blog personal de ella siguiendo este enlace.
https://gabrielarichardrodriguez.blogspot.com/2023/06/la-importancia-de-la-funcion-de-los.html?m=1
aquí les copio el texto completo:
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LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIÓN DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS MIGRATORIOS ESPECIALIZADOS
En este Blog, quisiera compartir mi experiencia en mi labor como jueza propietaria por un periodo de 6 años (mayo 2017 – mayo 2023), en el Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica. En esta ocasión, quisiera reflexionar sobre la importancia de la existencia de órganos especializados en países con altos flujos de personas en movilidad, es decir personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección, tomando en cuenta las realidades actuales.
Soy psicóloga, con una formación desde hace 20 años, en estudios sobre mecanismos internos de promoción y protección de los derechos humanos, especialmente relacionado en Derechos Humanos de Migración Internacional y Derecho Internacional de Refugiados. He trabajado en temas relacionados a la movilidad humana, personas migrantes, desplazadas forzadas y con necesidades de protección, especialmente con personas con mayores condiciones de vulnerabilidad en América Latina.
He sido testigo, del aumento sustancial de los movimientos migratorios en los últimos años y del incremento acelerado de personas en movilidad en los países de la región, debido a las situaciones sociales, políticas, económicas entre otras, de países de origen.
Según el reporte de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de febrero 2023, llamado “CONTEXTO MIGRATORIO EN COSTA RICA Y ÚLTIMAS TENDENCIAS” y que cito textualmente, “(…) Costa Rica, al igual que los demás países de la región centroamericana, se ha caracterizado por ser un corredor migratorio para personas que transitan de manera terrestre desde el sur hasta el norte de América, y que tienen como destino los países del norte del continente. A partir de los datos reportados por la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) de Los Planes, en Gualaca Panamá, durante el 2021 se registraron 126.512 salidas de la ETRM, mientras que en 2022 se reportaron 226.610, equivalente a un aumento del 79 por ciento en el volumen de este flujo en comparación con el 2021 (…)”
Así mismo, los datos reflejados por la OIM, indican que de enero a abril del 2023, se alcanzó un número récord de más de 100 mil persona cruzando la selva del Darien, “(…) De acuerdo a las cifras de las autoridades panameñas, se ha alcanzado el número récord de más de 100.000 personas cruzando el Darién, seis veces más que las que llegaron en el mismo periodo de 2022. Las autoridades estiman que, de continuar la tendencia, el año 2023 podría cerrar con el cruce de más de 400.000 personas. (…)”
Personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití, Colombia, Perú, Ecuador y de países de otros continentes, se movilizan en condiciones sumamente riesgosas por estas vías, para poder llegar la mayoría a los Estados Unidos. Sin embargo, muchas de ellas se quedan, por las condiciones inhumanas que han enfrentado en su ruta migratoria, en países de tránsito, entre ellos Panamá, Costa Rica, México.
Según datos recientes del Informe de ACNUR “Tendencias Globales – Desplazamiento Forzado en 2022”, en el 2022 se contabilizaron 108.4 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. De los 2. 6 millones de nuevas solicitudes de protección internacional a nivel mundial en el año 2022, entre los 5 países con más nuevas solicitudes, se encuentra tres países de las Américas: Estados Unidos (730.000), Costa Rica (129.500) y México (118.800).
Costa Rica, según el último Censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (junio 2022), hay un total de población de 5.213.274 de personas. Desde el año 2012 al año 2022 el aumento de solicitudes de refugio ha tenido un incremento de aproximadamente 7 mil %, ya que para el año 2012, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería se contabilizaron 1167 solicitudes y en el año 2022, las solicitudes presentadas oficialmente fueron 80.018 (este dato no toma en cuenta, las citas pendientes de las personas que NO han formalizado su solicitud). Esta situación se debe a las crisis, sociales, políticas, económicas y de seguridad que ha sufrido países como Venezuela y Nicaragua, pero también Costa Rica recibe personas provenientes de Cuba, Colombia, El Salvador, Honduras, Haití, y de países de otros continentes.
La mención de estos datos muy generales, reflejan la realidad que vive nuestra región y el impacto a gran escala a los sistemas de asilo y migratorios, generando como consecuencia la no atención adecuada a la gran cantidad de solicitudes de protección internacional o para acceder a tener una categoría migratoria. Cada cifra mencionada, representan personas, que han sido forzados de huir de sus países de origen ya sea en búsqueda de protección y salvaguardar sus vidas o para tener mejores condiciones de vida y disfrute de derechos fundamentales.
Ante la gran cantidad de solicitudes de refugio, la aplicación de procedimientos por parte de los sistemas de asilo de los países de acogida, cumpliendo con los estándares de protección internacional, permite que las personas solicitantes puedan tener procedimientos adecuados con un debido procedimiento de la determinación de la condición de refugiado; generando a su vez que las personas puedan obtener protección internacional, salvando en muchas ocasiones su vida y permitiendo como consecuencia, acceder a servicios básicos en los países de acogida, garantizando el disfrute de sus derechos fundamentales. De igual manera, para las personas migrantes que solicitan diferentes categorías migratorias establecidas en la legislación nacional de cada país para obtener una documentación legal.
La existencia de instancias especializadas de apelación como son el Refugee Appeal Division (RAD) de Canadá y el Tribunal Administrativo Migratorio TAM de Costa Rica, ambos creados aproximadamente en el año 2012 y únicos en las américas, son excelentes buenas prácticas, para el fortalecimiento de los sistemas migratorios y de asilo, sobre todo en países receptores de altos números de solicitudes.
En mi experiencia como jueza del TAM, tuve el honor de conocer el trabajo del RAD y IRB de Canadá y ser capacitada por funcionarios con alto conocimiento en la materia, además de participar en varios intercambios de experiencias, así como de dar seguimiento a convenios de cooperación entra Canadá y Costa Rica, por ser los únicos tribunales en la región. Lo que más me dejó como lecciones aprendidas, es que el contar con sistemas fortalecidos, políticas migratorias adecuadas a las necesidades reales de los países de destino y que sean aplicadas de manera oportuna, así como leyes migratorias actualizadas, para gestionar la migración de manera ordenada e integral, con acciones para una verdadera integración a la sociedad de acogida de estas poblaciones, es la base para asegurar que ante grandes flujos de personas en movilidad, los Estados brinden un adecuado acceso a la justicia, aplicando procedimientos de calidad.
Es necesario que existan, órganos especializados, con independencia funcional y de decisión, imparciales, objetivos, que se dedique exclusivamente a la revisión de las decisiones finales de las primeras instancias migratorias, para que sea una instancia diferente la que conozca los recursos de apelación interpuestos por personas migrantes y solicitantes de refugio. Esto, debido a que es necesario fortalecer la especialización de los sistemas migratorios y de asilo, para resolver los casos y prevenir que sean resueltos basándose solo en intereses políticos o con enfoques centrados a la seguridad, criminalizando en algunas ocasiones a estas poblaciones, violentando estándares reconocidos por los Estados, como es el derecho internacional de las migraciones y de las personas refugiadas.
Las personas que son parte de la toma de decisiones de solicitudes de personas migrantes y solicitantes de refugio, deben de tener una formación integral y especializada en la materia, que no solo sean con formación en derecho, sino que puedan estar integrados por equipos multidisciplinarios, para un mayor entendimiento y aplicación de las leyes nacionales de los países, pero también, de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en la gran gama de los derechos humanos (aplicación de Control de Convencionalidad). Este tema, lo profundizaré en otro momento, ya que a partir de mi experiencia, resolviendo casos como Jueza administrativa (mayo 2017 a mayo 2023) y psicóloga, tengo muchísimas recomendaciones para un abordaje integral y psicosocial de las personas en movilidad.
Ante la situación actual de los grandes flujos de personas en movilidad, debemos de crear acciones responsables para la aplicación del gran marco normativo con el que cuenta la región, así como de las herramientas creadas en diferentes espacios interagenciales, intersectoriales e interinstitucionales existentes a nivel internacional y regional, que han sido creados o en los últimos años para atender a estas poblaciones.
El gran desafío, es de aplicar y cumplir con los compromisos adquiridos por los Estados, para atender de manera responsable y ética a estas poblaciones. ¨
Por: Gabriela Richard Rodriguez